Las autoescuelas proponen un plan al Gobierno para frenar la falta de examinadores

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha propuesto al Gobierno español que realice una dotación presupuestaria de 10 millones de euros para solucionar el grave problema que los retrasos acumulados en los exámenes de conducir están generando, con graves perjuicios tanto para el sector de formación vial y para el sistema de obtención del carnet de conducir, que este mismo verano puede llegar a colapsar y, con ello, provocar el cierre de numerosas autoescuelas y empresas vinculadas al sector de la formación vial y ocasionar el despido de millares de profesores y trabajadores de las mismas.

Pero aún más que las propias autoescuelas y sus trabajadores, los principales perjudicados por esta situación son los aspirantes al permiso de conducir. La mayoría de ellos aprovechan el verano y las vacaciones para la obtener la licencia, la cual este año no podrán conseguir debido a los importantes retrasos que el sistema de evaluación ya viene acumulando y a los que habrá que añadir aquellos que se van a generar debido al menor número de examinadores y funcionarios presentes durante el período estival.

Este es un problema realmente importante, porque como bien recuerda CNAE en su comunicado, “para acceder a numerosos empleos y poder opositar a muchas de las plazas y puestos de trabajo de empleo público o promociones, es necesario disponer del carné de conducir”. Por otra parte, poder sacarse el carné de conducir es un derecho que asiste a todos los ciudadanos. Un derecho por el que los aspirantes además deben pagar una tasa —no un impuesto— de 90,30 euros en concepto de examen, de modo que se trata de un servicio público no gratuito prestado por la Dirección General de Tráfico. Un servicio que actualmente se presta con notables deficiencias y limitaciones

La propuesta de la CNAE es perfectamente viable, además de presupuestariamente justificable ante la Unión Europea. La dotación de 10 millones de euros solucionaría definitivamente el déficit de examinadores que ha llevado a esta situación, y generaría una potencial facturación de 50 millones de euros. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta los 114,5 millones de euros facturados en 2016 por la Dirección General de Tráfico (DGT) en concepto de tasas de examen.

Esos 10 millones de euros servirían para contratar 324 examinadores más. Este es, según los análisis de la CNAE, el número óptimo para la solución definitiva del problema, que se ha de sumar a los 756 examinadores actuales, según los datos de la DGT, aunque la Confederación discrepa de este número porque no es el realmente operativo tras descontar vacaciones y bajas por enfermedad, de modo que son 610 los examinadores realmente activos.

Los estudios de la CNAE establecen que el mínimo necesario para desbloquear la situación, aunque no remedia el problema totalmente, es de 213 examinadores más, lo que supondría una dotación presupuestaria estimada en 6,5 millones de euros, lo que generaría una potencial facturación de 32 millones más.   

El número óptimo de nuevos examinadores (324), generaría una capacidad de 900.000 exámenes, mientras que el mínimo para salir de la actual situación llevaría a un incremento de casi 600.000 nuevos exámenes. Cada funcionario tiene una capacidad de 2.795 exámenes anuales.

Según los cálculos de la CNAE, el examinador de la DGT es un funcionario muy rentable para el Estado, al generar un elevado volumen de ingresos frente a una reducida cuantía presupuestaria en concepto de salarios, al igual que una también mínima cantidad para los gastos operativos.

La actual plantilla de examinadores generaba en 2016 para la DGT una facturación de 114,5 millones de euros (109,7 millones en 2015), con un gasto estimado en salarios de 24 millones de euros, y unos gastos operativos de alrededor de 17 millones de euros, aproximadamente un 15% de lo ingresado. La recaudación casi triplica los 41 millones del coste total del servicio.

Descontados los gastos de personal y los operativos, el resultado neto para el Estado es de alrededor de 73 millones de euros, lo que constituye un excelente negocio, en opinión de las autoescuelas, que debería convencer al Gobierno para incluir en los Presupuestos Generales del Estado la dotación necesaria para resolver un servicio público necesario.

La Confederación Nacional de Autoescuelas recuerda que la tasa que se paga por el examen de conducir no es un impuesto. Es un cobro directo por un servicio prestado, y es por ello que pide a la DGT que solucione el problema y preste el servicio adecuadamente, para evitar los retrasos en los exámenes y la amenaza de cierre para las autoescuelas, así como el despido de profesores que conlleva la mala prestación del derecho de examen de los aspirantes a obtener la licencia de conducción.

La Confederación Nacional de Autoescuelas está denunciando la situación que viven las autoescuelas en buena parte de España como consecuencia del déficit de examinadores.

Los significativos retrasos en las convocatorias de exámenes y los cambios de fecha inesperados para la celebración de las pruebas de circulación están paralizando la enseñanza práctica en la autoescuela. Los alumnos dejan de acudir a clase y vuelven poco antes del examen, con lo que olvidan parte de lo aprendido y se deteriora la calidad de la formación vial. Por tanto, corre peligro el empleo de miles de profesores de Formación Vial (son 17.975 en toda España), porque las empresas no pueden afrontar la ausencia de actividad y de facturación.

CNAE teme que se produzca este próximo verano el colapso del sistema, como consecuencia de las vacaciones, el menor número de exámenes autorizados a los funcionarios y al incremento de aspirantes en este periodo. El colapso llegará si no se cubre el déficit de examinadores.